Por Alejandro Perugorria
El delito informático dejó de ser una amenaza exclusivamente tecnológica para convertirse en uno de los fenómenos criminales de mayor crecimiento en Argentina. Durante los últimos años, las estafas virtuales, el phishing, el robo de cuentas, la suplantación de identidad y las extorsiones mediante plataformas digitales se incorporaron definitivamente al mapa delictivo nacional.
Según datos publicados en 2026, durante 2025 se registraron 50.155 hechos de estafas y defraudaciones asistidas virtualmente, un 2,5% más que el año anterior. A esto se suma que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) informó un fuerte incremento de los reportes: durante 2024 recibió 5.145 reportes de campañas de phishing por correo electrónico, dentro de un aumento interanual del 211% en los reportes de delitos informáticos.
¿Cuáles son las modalidades más frecuentes?
El ciberdelito argentino presenta actualmente varias modalidades que, en muchos casos, combinan ingeniería social con herramientas tecnológicas:
- Phishing: mensajes falsos que imitan bancos, organismos públicos, empresas o servicios para obtener claves y datos.
- Robo de WhatsApp y redes sociales: mediante códigos de verificación, engaños o recuperación fraudulenta de cuentas.
- Estafas bancarias y con billeteras virtuales: el delincuente convence a la víctima para transferir dinero o entregar información.
- Falsas ventas por Internet: publicaciones inexistentes en plataformas de comercio electrónico.
- Suplantación de identidad: utilización de datos personales para obtener créditos, realizar compras o engañar a terceros.
- Estafas románticas: construcción de relaciones ficticias para obtener dinero o información.
- Extorsión y secuestros virtuales: llamadas o mensajes que utilizan información personal de la víctima para generar una situación de emergencia.
- Sextorsión: amenaza de publicar fotografías o videos íntimos.
- Ransomware: bloqueo o cifrado de información de empresas y organismos para exigir un rescate.
- Uso de inteligencia artificial: generación de mensajes más convincentes, imágenes falsas y, cada vez más, imitaciones de voz o identidad.
El propio Estado argentino reconoce entre las principales manifestaciones del ciberdelito las estafas, robo de datos, suplantación de identidad, fraude informático, phishing y otras conductas realizadas mediante dispositivos y redes.
Un fenómeno con una enorme cifra negra
Las estadísticas disponibles probablemente representan solamente una parte del problema. Muchas víctimas no denuncian por vergüenza, desconocimiento, temor o porque consideran que recuperar el dinero será imposible.
Por eso resulta importante distinguir entre ciberdelitos denunciados, reportados, detectados e incidentes de ciberseguridad. No son categorías equivalentes y no existe una única estadística nacional capaz de reflejar todo el fenómeno.
En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, durante los primeros seis meses de 2026 se registraron alrededor de 1.300 denuncias por ciberfraudes, con más de 200 presentaciones mensuales.
Argentina también enfrenta una cantidad considerable de ataques dirigidos contra sistemas y organizaciones. Un informe divulgado en 2026 estimó que el país recibió aproximadamente 5.700 millones de ciberamenazas durante 2025. Esta cifra no significa que se hayan producido 5.700 millones de delitos consumados: se trata de intentos o amenazas detectadas por sistemas de seguridad.
¿Por qué aumentan?
El crecimiento tiene varias causas simultáneas: mayor utilización de banca electrónica y billeteras virtuales, expansión del comercio electrónico, exposición de datos personales, utilización masiva de WhatsApp y redes sociales y, especialmente, la profesionalización de las organizaciones criminales.
El delincuente ya no necesita necesariamente conocimientos avanzados de informática. Puede adquirir bases de datos, utilizar herramientas automatizadas, contratar servicios criminales en Internet y aprovechar técnicas de ingeniería social.
La inteligencia artificial agrega una nueva dimensión: permite producir comunicaciones más creíbles, personalizar engaños y facilitar la suplantación de personas.
El factor carcelario: un problema que Argentina no puede ignorar
Uno de los aspectos particularmente preocupantes del fenómeno argentino es la utilización de teléfonos celulares desde establecimientos penitenciarios para organizar estafas, extorsiones y otros delitos.
En los últimos años existen investigaciones concretas que muestran que algunos internos continúan dirigiendo operaciones criminales desde prisión. En 2026, por ejemplo, se investigaron casos de estafas ejecutadas desde las cárceles bonaerenses mediante teléfonos celulares, incluyendo el robo de cuentas de WhatsApp y falsas operaciones inmobiliarias.
Otro caso investigado durante 2026 involucró a internos de la cárcel de Baradero acusados de utilizar WhatsApp para mantener una relación ficticia con una víctima y obtener transferencias de dinero. La investigación determinó transferencias por más de $12,8 millones durante varios meses.
También se investigó en Florencio Varela una organización dedicada a secuestros virtuales y estafas telefónicas cuyo presunto líder se encontraba detenido. La investigación incluyó intervenciones telefónicas y análisis de comunicaciones.
Estos casos muestran algo importante: la cárcel puede dejar de ser solamente un lugar de cumplimiento de una condena para convertirse, en determinados casos, en un centro de coordinación criminal.
La problemática no se limita a la existencia de teléfonos. También aparece el riesgo de complicidad o connivencia interna. Investigaciones judiciales argentinas han señalado la posible participación de personal penitenciario en determinadas maniobras y el ingreso o utilización irregular de dispositivos.
Por esa razón, el control tecnológico de los establecimientos penitenciarios —inhibición de señales, controles de dispositivos, monitoreo de comunicaciones y controles internos— debe considerarse una cuestión de seguridad pública, y no únicamente penitenciaria. El Gobierno nacional anunció además medidas para instalar inhibidores de señal en cárceles federales.
¿Cómo protegerse?
La principal defensa continúa siendo la prevención:
- No entregar códigos de WhatsApp, SMS o autenticación a ninguna persona.
- Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp, correo electrónico y servicios financieros.
- No ingresar a bancos o billeteras desde enlaces recibidos por mensajes.
- Confirmar por otro medio cualquier pedido urgente de dinero.
- No permitir el acceso remoto al teléfono o computadora a desconocidos.
- Utilizar contraseñas diferentes y robustas.
- Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones.
- Revisar periódicamente los dispositivos vinculados a WhatsApp y otras cuentas.
- Ante una transferencia sospechosa, comunicarse inmediatamente con el banco o billetera y realizar la denuncia.
- Conservar capturas de pantalla, números telefónicos, comprobantes, cuentas receptoras, mensajes y correos: la evidencia digital puede resultar decisiva para la investigación.
El desafío para Argentina
El Estado argentino comenzó a reforzar su respuesta institucional. En 2025 el Ministerio de Seguridad aprobó el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027, orientado a mejorar la prevención, detección e investigación de estos delitos.
La UFECI, por su parte, tiene entre sus funciones recibir reportes, desarrollar investigaciones preliminares, asesorar a fiscales y trabajar sobre la obtención, preservación y análisis de evidencia digital.
El desafío, sin embargo, es considerable. El ciberdelincuente puede encontrarse en otra provincia o incluso en otro país, utilizar identidades falsas, cuentas de terceros, criptomonedas y plataformas internacionales. La propia normativa argentina reconoce el carácter transnacional de la ciberdelincuencia.
Conclusión
Argentina está atravesando una transformación del delito: mientras determinadas formas tradicionales de criminalidad pierden espacio, el fraude digital gana terreno. La combinación de ingeniería social, teléfonos inteligentes, billeteras virtuales, inteligencia artificial y organizaciones criminales cada vez más profesionalizadas está creando un escenario que exige una respuesta policial, judicial, tecnológica y penitenciaria coordinada.
Y dentro de esa estrategia, las cárceles constituyen un punto crítico. Cuando un interno puede conservar acceso clandestino a un teléfono, Internet y medios financieros, las paredes del establecimiento penitenciario dejan de representar una barrera efectiva para determinadas actividades criminales. El desafío no consiste solamente en impedir que ingresen celulares, sino en cortar las estructuras de comunicación, financiamiento y coordinación que permiten que una organización delictiva continúe operando desde el interior de una prisión.
Fuente de datos
- Ministerio de Seguridad de la Nación – Argentina — Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027.
- Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) – UFECI — Información institucional y estadísticas sobre ciberdelitos, phishing, fraude informático y evidencia digital.
- Argentina.gob.ar – Con Vos en la Web — Información oficial sobre ciberdelitos, modalidades y recomendaciones de prevención.
- Boletín Oficial de la República Argentina — Normativa y políticas nacionales relacionadas con ciberdelincuencia y cooperación internacional.
- La Nación — Informes de 2026 sobre crecimiento del ciberdelito y estafas coordinadas desde establecimientos penitenciarios.
- Infobae — Investigaciones periodísticas sobre estafas, extorsiones y utilización de teléfonos celulares desde cárceles argentinas.
- El Estratégico — Información sobre el volumen de ciberamenazas recibidas por Argentina durante 2025.
- El Día — Información sobre denuncias de ciberfraudes registradas durante 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.
