Autor: Joaquín Marroquín Solares*
Abstrac
This article examines the challenges of the National Security System (NSS) in municipal coordination from the perspective of local governance, using the municipality of Masagua, Escuintla in Guatemala, as a case study during the period 2016-2023. The main objective is to analyze the relationship between the NSS and municipalities, identifying the challenges and obstacles that arise in this coordination, as well as proposing strategies to strengthen it. The Model Comprehensive Governance as a conceptual reference. The analysis considers relevant political and social events, as well as legal instruments and security policies implemented during the study period. The importance of strengthening interinstitutional coordination to ensure the comprehensive development of individuals and the fulfillment of their rights and responsibilities in the field of security is highlighted.
Keywords: National Security System, local governance, municipal coordination.
Resumen
Este artículo examina los desafíos del Sistema Nacional de Seguridad (SNS) en la coordinación municipal desde la perspectiva de la gobernanza local, utilizando como estudio de caso el municipio de Masagua, Escuintla en Guatemala, durante el período 2016-2023. El objetivo principal es analizar la relación entre el SNS y las municipalidades, identificando los retos y obstáculos que surgen en esta coordinación, así como proponer estrategias para fortalecerla. El Modelo de Seguridad de la Nación: Gobernanza Integral como referencia conceptual. El análisis considera eventos políticos y sociales relevantes, así como instrumentos legales y políticas de seguridad implementadas en el período de estudio. Se destaca la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar el desarrollo integral de las personas y el cumplimiento de sus derechos y deberes en el ámbito de la seguridad.
Palabras clave: Sistema Nacional de Seguridad, gobernanza local, coordinación municipal.
Introducción
La coordinación municipal en el Sistema Nacional de Seguridad (SNS) representa un desafío importante desde la perspectiva de la gobernanza local. En este artículo, se examina el caso del municipio de Masagua, en Guatemala, durante el período 2016-2023, con el objetivo de analizar la relación entre el SNS y las municipalidades, identificando los retos y obstáculos que surgen en esta coordinación y proponer estrategias para fortalecerla. Se consideran eventos políticos y sociales relevantes, así como instrumentos legales y políticas de seguridad implementadas en el período de estudio. La importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar el desarrollo integral de las personas y el cumplimiento de sus derechos y deberes en el ámbito de la seguridad.
Evolución de la seguridad
Los siguientes conceptos permiten luces para el proceso y desarrollo: Seguridad Comunitaria: “es la interacción de la comunidad con la policía y autoridades locales, en el desarrollo de tareas de prevención, protección y generación de espacios que incrementen la confianza entre los ciudadanos y sus autoridades, para mejorar su calidad de vida” (Planificación, 2020-2024, pág. 19).
El concepto de Seguridad “Dicho de un cuerpo o fuerza de las Administraciones públicas: Que vela por la seguridad de los ciudadanos” (RAE, 2022). Esto es similar al asocio de la ausencia de riesgos o peligros, es una relación con la confianza y prevención. Para la relación y vinculación es preciso conocer también el concepto de Seguridad Ciudadana “Situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público” (RAE, 2022). La vinculación entre los conceptos de Seguridad y Seguridad Ciudadana, en la primera identifica la administración pública y en la segunda refiere a la tranquilidad, apelando a la protección a los derechos individuales. Es importante que exista la estructura institucional y personal que administre la justicia para garantizar los derechos de las personas desde una organización lineal estructural y las personas que integran las mismas con facultad según regulaciones del marco legal.
Modelo de Seguridad de la Nación: Gobernanza Integral
Considerando el Capítulo III, de la PNS, se conoce como gobernanza integral al conjunto de principios, mecanismos y procesos de decisión interrelacionados que responden simultáneamente a una visión, cuenta con bases democráticas que abren los espacios para la integración y participación de la población y la diversidad de actores involucrados de una u otra forma para promover objetivos comunes en el ámbito de la seguridad nacional.
El ente encargado de dirigir y coordinar el accionar desde el más alto nivel en el Consejo Nacional de Seguridad, quienes interactúan con otras instancias o instituciones del Estado, lo que les permite realizar su labor de manera eficiente y coordinada.
Los mecanismos que deben relacionarse con el objeto de establecer un Modelo de Seguridad de la Nación Gobernanza Integral son:
- a. Gobernanza Institucional
- b. Gestión Integral
- c. Gobernanza Local.
Lo que permitirá la seguridad y desarrollo por medio de la colaboración, cooperación y coordinación que es lo que finalmente se persigue con el tema de gobernanza integral en los diferentes ámbitos de funcionamiento y contrarrestando la duplicidad de esfuerzos y recursos, coadyuvando a la trasparencia en la gestión de seguridad interna y externa.
Es importante mencionar el rol de las gobernaciones departamentales para garantizar la colaboración interinstitucional, pues siendo estas el enlace entre los gobiernos locales y las comunidades permite impulsar el cumplimiento eficaz en materia de seguridad tanto nacional como departamental para el cumplimiento de los diferentes proyectos y programas específicos de seguridad a nivel local. Es vital conocer la importancia que tienen las diferentes comisiones de trabajo vinculadas a la seguridad, estas dentro del marco del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, acompañados por organizaciones de la sociedad civil organizada, espacio donde conocen las necesidades de seguridad local, regional y nacional.
Posturas a la gobernanza
Es importante que los gobiernos tengan una postura ideológica para la construcción de sociedades fuertes, no es solo ostentar el poder, es establecer un punto medio, donde la participación ciudadana sea un legítimo liderazgo, “gobernanza significa que se ha ido consolidando una sociedad gubernamentalmente independiente, autónoma y competente, poseedora de capacidades que el gobierno no posee y que requiere para poder conducir a la sociedad” (Maya, 2019, pág. 175). Esta autonomía nace de la formación de ciudadanos para el empoderamiento, que la administración pública les entrega y pasa a la articulación de los diversos sistemas.
La gobernanza entonces es la interrelación equilibrada del Estado, debido que “en la polisemia del concepto de la gobernanza se esconde una lucha por el acceso al poder y a los recursos del Estado mediante un discurso muchas veces normativo” (Verdín, 2019, pág. 38). La concepción de gobernanza cambia de forma considerable, y el significado depende de las perspectivas interdisciplinarias, principios, ideas y debates que genere.
Fortalecimiento institucional en el marco de la seguridad
Guatemala a partir del año 1995 con la firma del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, da paso a nuevos marcos, con nuevos cambios de acción para fortalecer sistemas “empieza a adoptar un nuevo paradigma de seguridad” (Bolaños, 2021, pág. 9). El TMDSC ha contribuido a fortalecer las relaciones y coordinaciones entre los países de la región centroamericana contribuyendo con un modelo de seguridad democrática.
En correlación de eventos importantes que marcan el futuro para Guatemala, nacen los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en Guatemala el 29 de diciembre de 1996, son 12 acuerdos dentro del que figura el número siente (7) como la mayor importancia debido que es el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, firmado en la Ciudad de México el 19 de septiembre del año 1996.
Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad
El gobierno del presidente Álvaro Colom en el año 2008, crea la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, con el propósito de fortalecer y dar ordenamiento jurídico, es importante estudiar la estructura institucional, el modelo democrático, los mecanismos para la elaboración y seguimiento de políticas públicas en materia de seguridad.
Esta ley busca: Artículo 1 “…establecer las normas jurídicas de carácter orgánico y funcional necesarias para la realización y coordinación de las actividades de seguridad interior, exterior y de inteligencia por parte del Estado de Guatemala” (PL, Decreto 18-2008, LMSNS, 2008). Con esta articulación se presume dar respuesta y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala en materia de seguridad.
El ordenamiento institucional para la seguridad nace con la LMSNS con la creación de un Sistema Nacional de Seguridad que
…Consiste en el marco institucional, instrumental y funcional del que dispone el Estado para hacer frente a los desafíos que se le presenten en materia de seguridad, mediante acciones de coordinación interinstitucional al más alto nivel y sujeta a controles democráticos. Comprende los ámbitos de seguridad interior y exterior”. (PL, LMSNS, 2008, Artículo 3). Trae consigo los componentes del SNS, estas son “…las instituciones que tienen jurídica, orgánica y funcionalmente, responsabilidad en la seguridad de la Nación” (LMSNS, 2008, Artículo. 6).
La coordinación de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Seguridad, dentro del marco normativo que les corresponde, es fundamental la institucionalización y el establecer canales de comunicación para la Seguridad de la Nación. Para este seguimiento es importante la alineación de los componentes del Sistema Nacional de Seguridad.
a. Política Nacional de Seguridad
Este instrumento de seguridad “es el conjunto de lineamientos que definen los cursos de acción diseñados para prevenir y contrarrestar los riesgos y amenazas que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones. Será aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad. Tiene por objeto garantizar aquellas acciones de carácter preventivo o reactivo que el Estado debe adoptar para garantizar la consecución de los intereses nacionales frente a cualquier amenaza, agresión o situación que por su naturaleza represente un riesgo para la seguridad de los habitantes o del Estado Democrático” (LMSNS, Artículo. 2, inciso. d).
b. Agenda Estratégica de Seguridad
La AES es el mecanismo en que “el Estado establece la relevancia temática en el ámbito integral de la seguridad; define y prioriza los instrumentos de carácter preventivo o reactivo para garantizar la seguridad de la Nación” (LMSNS, Artículo. 2, inciso. e). La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en sus funciones es dar seguimiento a las políticas, planes y directivas determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad; y de mantener activos los mecanismos de comunicación entre los miembros del Sistema Nacional de Seguridad; facilitará la implementación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, desarrollando las labores de coordinación del Sistema para garantizar su acción integrada, eficiente y eficaz.
Plan Estratégico de Seguridad de la Nación
El PESN determina el conjunto de acciones que deben realizar las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad para alcanzar la Seguridad de la Nación, contiene la misión, las acciones claves, las estrategias y los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad, con base a la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y la Agenda de Riesgos y Amenazas. (LMSNS, Artículo. 2, inciso. g). Se deriva de la Política Nacional de Seguridad y de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, y se definen responsabilidades y tiempos específicos, como elementos indispensables para alcanzar los objetivos previstos dentro de la institucionalidad del Estado que permitan, mediante la ejecución de los diferentes proyectos viables y concretos, superar los desafíos que enfrenta la Seguridad de la Nación.
Análisis de los desafíos y logros en el período 2015-2022
En este periodo de tiempo su importancia es la aprobación de la Política Nacional de Seguridad y la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad da orden a cuatro ámbitos para su funcionamiento, entre ellos el Ámbito de Seguridad Interior, este bajo el conducto y responsabilidad del Ministerio de Gobernación, “La relativa autonomía de las instituciones políticas. Frente a aquellas visiones que destacaban que la política dependía de la sociedad, el nuevo institucionalismo considera que el Estado no sólo es afectado por la sociedad, sino que también la afecta” (Miguel, 2007, pág. 11). Se debe tener la claridad que las instituciones son básicamente actores políticos y que reflejan las “fuerzas sociales”.
Dentro de la inercia institucional se considera que “las decisiones políticas iniciales determinan el rumbo de las políticas y por tanto las decisiones políticas posteriores” (Miguel, 2007, pág. 13). Con esto depende que se asienten bases y fundamentos para el futuro dentro de la administración. La Política Nacional de Seguridad establece tres programas.
Programa Integral de la Seguridad de la Nación: busca un trabajo interinstitucional entre los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad. Es importante que los instituciones conozcan sus fortalezas y funciones dentro del SNS para facilitar las acciones y consecución de resultados, evitando la duplicidad de funciones. Además, el hecho de que exista una adecuada comunicación e intercambio de información entre el SNS, ayudará a detectar necesidades y solicitar oportunamente los recursos necesarios.
En específico el Programa Estratégico de Gobernanza Local “asume prioridad en la formulación de planes de acción sustentados en las dinámicas territoriales, problemáticas propias de la seguridad y las especificidades para el abordaje del área metropolitana, áreas fronterizas, así como de centros poblados urbanos y rurales” (STCNS, 2017, pág. 30). Enfatiza que se deben desarrollar y fomentar las capacidades de los actores locales, buscando que las acciones gubernamentales en materia de seguridad puedan ser generalizadas y percibidas en todos los niveles del territorio nacional.
El Programa Seguridad para el Desarrollo, busca dar sinergia al Estado, una dinámica de responsabilidades compartidas pues convergen diversos sectores y así promover el desarrollo mecanismos que construyan capacidades y competencias.
Análisis comparativo de las políticas y enfoques institucionales de los diferentes gobiernos durante este periodo 2015-2022
En la administración del presidente Jimmy Morales en materia de seguridad se consideran algunos resultados que han permitido el fortalecimiento de los procesos, “se aprueba la actualización de la Política Nacional de Seguridad 2017, la Agenda, el Plan Estratégico, la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito” (Bolaños, 2021, pág. 18). Según Bolaños, el presidente Morales utilizó la figura del Consejo Nacional de Seguridad para intereses personales, de tal manera que la Política Nacional de Seguridad (2017) fue aprobada pero los instrumentos tanto el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación y la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación 2016-2020, estos no fueron programados para su elaboración y aprobación.
El año 2020 Guatemala inicia con la emergencia del COVID-19, esto con la recién toma de poder el gobierno del Dr. Alejandro Giammattei, por un periodo de cuatro años, un inicio con “la mayor crisis sanitaria observada en el último siglo, generada por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud OMS” (ONU, 2021, pág. 6). La emergencia flexibilizó el cambio de planes de la administración pública para dicho periodo, centrándose en la atención emergente en salud, restringiendo la locomoción, cierre de fronteras, puerto y aeropuertos y comercio en general.
“En 2020, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) alcanzó 0.663 (mientras que en 2019 fue de 0.657), en comparación con el 0.766 observado, en promedio, en los países de LAC” (ONU, 2021, pág. 13). Como lo indica el análisis hace que Guatemala ocupe el puesto 127 entre 189 países, solo adelante de los países de la región caso específico de Nicaragua, Honduras y Haití.
Como referencia los datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se reporta que “durante 2020 se perdió el equivalente al 3.0% de empleos formales (alrededor de 41,863 afiliados), en comparación con lo reportado al cierre de 2019 (MINTRAB, 2021), (ONU, 2021, pág. 14). El estudio muestra un fuerte impacto en el empleo formal que tuvo la pandemia, se evidencia en el comportamiento atípico mostrado según datos de afiliación y cotización al IGSS durante los meses del año 2020.
“Guatemala ha venido experimentando en los últimos años una aguda polarización en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad” (ONU, 2021, pág. 23). Este fenómeno ha causado falta de credibilidad en el seguimiento de las acciones de la administración pública, se ha manifestado con mayor intensidad en el sector justicia, pero que también afecta otros espacios de la vida política y social en diversos niveles del país, esto ha permitido el debilitamiento de la cohesión social, con el aumento de estereotipos sociales y la creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado cita el análisis.
Un hecho trascendental de 2020 el año cerró con la tasa de homicidios más baja observada en los últimos 20 años: 15.3 por cada 100,000 habitantes” (ONU, 2021, pág. 30). Este cierre a la baja es consecuencia de las medidas de restricción tomadas para evitar la propagación de COVID-19, en consecuencia “La tasa de homicidios en mujeres disminuyó en un 35.4%, mientras que la de hombres se redujo un 27.8% en comparación con 2019” (ONU, 2021, pág. 30). Sin embargo, fueron en aumento “durante la pandemia, delitos contra la propiedad como el hurto a residencias, comercios y extorsiones a residencias registraron un incremento” (ONU, 2021, pág. 31).
Identificación de similitudes y diferencias en las estrategias institucionales
Dentro de los procesos de la emergencia por COVID-19, los esfuerzos en el gobierno del Dr. Alejandro Giammattei, se hace la publicación en el mes de abril del año 2020, dos instrumentos muy importantes: la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación 2020-2024 y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2020-2024, herramientas emanadas de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad para el SNS.
El Plan Estratégico de Seguridad de la nación 2020-2024, va dirigido en apoyo al fortalecimiento de los gobiernos locales (municipales y departamentales), para contribuir en la “ejecución de las políticas públicas sectorial, mediante la coordinación, cooperación y colaboración intersectorial y multinivel” (CAP, 2020, pág. 19), con el propósito de un abordaje de manera integral a la seguridad. Estos programas van a orientar la toma de decisiones y las acciones de las entidades gubernamentales en materia de seguridad y dar cumplimiento a la Política General de Gobierno.
Evaluación e impacto del institucionalismo en la vida de los ciudadanos guatemaltecos
El poseer un Sistema Nacional de Seguridad es muy positivo, se debe comprender con esta acción que el Estado debe ser protagonista en temas de seguridad, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece que pertenecen a este, el Ministerio de la Defensa Nacional MDF, Ministerio de Gobernación MINGOB y Ministerio de Relaciones Exteriores MRE, entre secretarias y la Presidencia de la República de Guatemala, la coordinación la tiene establecida la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad STCNS, y las decisiones de alto nivel el presidente de la República de Guatemala.
La coordinación que realiza la STCNS, el coordinador entrevistado hace referencia que “la oferta electoral actual no de ahora si no de los últimos 20 años es de seguridad, todos los alcaldes han hecho parte de este tema de la seguridad en sus planes de gobierno” (Soto, 2020). Sin embargo, Soto, refiere que a los alcaldes la ley no los faculta para coordinar, cooperar, y dar asistencia de cualquier tipo, porque esta es responsabilidad de actuación directa del Ministerio de Gobernación. “Las municipalidades tienen presupuesto, han invertido en cámaras, han invertido en equipo de monitoreo que obviamente pueden contribuir a la seguridad, si las instituciones tienen acceso a eso tienen mejor resultado” (Soto, 2020), sin embargo, indica que “el funcionario público puede hacer lo que la ley le permite, a diferencia del ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe” (Soto, 2020).
La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece las disposiciones de la dependencia de apoyo al Consejo Nacional y del Sistema, “definitivamente la secretaria no tiene una comunicación constante como le digo la ley no lo establece, las municipalidades son autónomas” (Soto, 2020). El Ministerio de Gobernación integra al Sistema Nacional de Seguridad, este llega por medio de los gobernadores a los departamentos, pero no hay otra forma más que la publicación de la Política Nacional de Seguridad, para llegar a los municipios, por tanto, pensando en la autonomía municipal se pierde la coordinación que se puede alcanzar por medio de los Consejos de Desarrollo en articulación a la ley.
Según Soto, todas las coordinaciones en temas de seguridad “puede confundir algún alcalde en coordinación y cooperación significa que él pueda tener mando operativo” (Soto, 2020). Es importante considerar protocolos de actuación para tener las coordinaciones, deben estar orientadas a la formación, información de procesos en forma permanente dentro de las acciones democráticas y respeto a los derechos humanos de las personas.
Los alcaldes y gobernadores tienen acciones de coordinación por mandato de ley “los consejos departamentales de desarrollo por ley se tienen que reunir” (Soto, 2020). Estos espacios deben ser considerados para establecer alianzas entre el Sistema Nacional de Seguridad, considerando que el Ministerio de Gobernación, y los alcaldes que lo integran, sin embargo “la relación de comunicación gobernador con los alcaldes va a depender mucho de la dinámica del gobernador, va a depender mucho de que los alcaldes cooperen” (Soto, 2020). Este fenómeno puede darse debido a las banderas políticas, por filosofía entre otros. En este punto la población es afectada debido a la falta de consenso y coordinación.
Uno de los desafíos que Soto considera, es la falta de confianza de la población en las instituciones, por tanto refiere que la tasa de homicidios ha venido a la baja desde el 2009 cuando se tuvo al tope de 46 por cada 100,000 habitantes, en septiembre de este año (2020), estamos terminando con una taza de 16 homicidios por cada 100,000 habitantes ha sido un descenso increíble este año “la gobernanza es darle una respuesta efectiva a las necesidades, expectativas y desafíos que tiene la población en temas de seguridad” (Soto, 2020). Indica que la tasa de homicidios ha bajado y las políticas de gobierno han ayudado a este resultado.
Para definir el “homicidio intencional es el delito máximo y tiene efectos expansivos que van mucho más allá de la pérdida original de la vida humana” (UNODC, 2019, pág. 7).
Al observar el año 2015 se considera como el más violento, con un promedio de cuatro víctimas por mes, y entre el año 2017 y 2022 se ha mantenido en un promedio de 18 víctimas por año, y para el año 2023 se mantiene la tendencia, este fenómeno tiene como efecto “victimas secundarias”, generando acciones violentas e impacto negativo en las familias y a la sociedad en general, independientemente de su condición de raza, edad, sexo.
Se considera “los causantes de la violencia homicida son con frecuencia las pandillas y el crimen organizado, y las lesiones por armas de fuego son la causa más frecuente de muerte, factores que se sabe favorecen la prevalencia de hombres jóvenes como víctimas y perpetradores” (UNODC, 2019, pág. 29). Este fenómeno de homicidios se destaca que afecta a poblaciones más jóvenes por efecto “psicofarmacológico”.
Para reducir los actos delincuenciales la alcaldesa del municipio de Masagua, Escuintla, indica que “como gobierno municipal no podemos accionar durante un acto delincuencial si no es, con la presencia de la Policía Nacional Civil PNC” (Bran, 2021). El gobierno local tiene la claridad, que esta acción operativa le corresponde al Ministerio de Gobernación por conducto de la PNC, y está en coherencia como lo indica Soto, el poder local es el que tiene mayor contacto con la población y “deben de coordinar en cooperar y dejar que las instituciones hagan su trabajo” (Soto, 2020).
Considerando las restricciones debido a la pandemia de la Covid-19 en el año 2021 y 2022 se registra un promedio del robo de un vehículo de cuatro ruedas por mes. La tendencia ve al alza finalizando el año 2023.
Al analizar los datos de robos de vehículos, de dos y cuatro ruedas, se mantiene un promedio de 53 robos por año, a excepción del año 2020 con lo relativo a las restricciones por la movilidad, consecuencia de la pandemia Covid-19 y la considerada leve baja entre los años 2017 a 2019
Bran, indica que para contrarrestar la violencia en el municipio se han instalado cámaras en puntos estratégicos, manifiesta que la PNC va al centro de las cámaras y hacen monitoreo las 24 horas, estas instaladas en lugares donde se han producido hechos de violencia, “si existiera un buen plan de seguridad a nivel gobierno y descentralizarlo a niveles de municipalidades creo que esto sería mejor, porque nosotros ya podríamos accionar de una manera diferente” (Bran, 2021). Se indica que es necesario conocer los planes de seguridad para que los municipios puedan brindar esa seguridad que clama en la población.
En relación con el grado de coordinación el gobernador departamental indica que “existe un Plan Operativo Anual a nivel nacional, también existe un plan de Seguridad Nacional y este en respecto al tema de la violencia y que se trabaja con el apoyo multisectorial” (Chen, 2021). Para esto existe una relación de mandos con la Policía Nacional Civil PNC.
El Ministerio de Gobernación cuenta con la Política Pública de Seguridad y por medio de la herramienta chat, “se va impulsando la prevención de la violencia y el delito” (Marroquín, 2021). Indica que el nivel de comunicación es estrecha con los alcaldes y esta se realiza por medio de los Sistemas de Desarrollo y las comisiones de trabajo. El departamento de Escuintla cuenta con una comisión Departamental de Prevención de la Violencia y Delito CODEPRE, tiene dos elementos: la acción reactiva y la acción preventiva y la preside el Gobernador departamental de Escuintla.
Las dificultades que encuentran las autoridades municipales para tener coordinación y articulación con el Gobernador departamental y que debilita los procesos, es “cuando hay cambio de autoridades departamentales, esto se debe a cuestiones políticas de Gobierno” (Marroquín, 2021). También la actitud de los alcaldes por lo general; por ideologías de los partidos políticos, el cambio de Comités Comunitarios de Desarrollo COCODES, estas acciones que, son particularidades “modifica el mapa de líderes políticos partidistas e intereses municipales” (Marroquín, 2021). Los esfuerzos para contrarrestar las dificultades se han logrado por “el acercamiento con la Policía Nacional Civil PNC, municipalidades y alcaldes en temas de Seguridad y prevención de la violencia” (Marroquín, 2021). Estas alianzas fortalecen los procesos, sin embargo, aunque la gobernación departamental tenga acceso directo a los planes de nivel nacional, la alcandía no recibe dichos programas y se fragmenta la información llegando a la reducción del pensamiento en seguridad.
Conclusiones
Para fortalecer la coordinación municipal, es fundamental establecer mecanismos de gobernanza institucional que promuevan la colaboración y la coordinación entre las diferentes entidades. Esto incluye la creación de espacios de diálogo y trabajo conjunto, la definición clara de roles y responsabilidades, y el establecimiento de canales de comunicación eficientes.
Recomendaciones
Establecer programas de capacitación y formación para los funcionarios municipales en materia de seguridad y gobernanza, con el fin de mejorar sus habilidades y conocimientos en este ámbito y promover la participación ciudadana activa en los procesos de toma de decisiones.
Impulsar la creación de políticas y programas de prevención del delito y promoción de la seguridad ciudadana, que involucren a diferentes actores, como la policía, las autoridades municipales y la comunidad en general.
*Sobre el autor:
- Licenciado en Seguridad
- Master en Seguridad de la Nación por la Universidad de San Carlos de Guatemala
- Diplomado en Investigaciones de Mercados Criminales de lavados de Activos por la Universidad UCASAL – Argentina
- Diplomado en Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, Dirección General de Política de Defensa -DIGEPOL- Ministerio de la Defensa Nacional. Guatemala.
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