Por José Javier Díaz*
El presente documento pretende exponer los principales lineamientos que deberían orientar la estructuración de la Política de Defensa Nacional de la República Argentina para aggionarla a los desafíos actuales y del futuro próximo. El objeto primario de este paper no es definir al detalle todo lo que debe cubrir la Política de Defensa argentina pero sí, al menos, expresar algunas de las grandes transformaciones (normativas, orgánicas, funcionales, de despliegue, etc.) que deberían realizarse para contar con un Instrumento Militar capaz de cumplir con el mandato constitucional.
INTRODUCCIÓN
La Defensa de cualquier Estado debe ser planificada e implementada en base a los siguientes factores: debilidades; amenazas; fortalezas; oportunidades; recursos naturales; espacios geográficos; bienes e infraestructura; seguridad y bienestar de la población; intereses vitales; capacidad de autodeterminación; entre otros.
Es preciso que su abordaje sea multidisciplinario y que su enfoque, planeamiento e implementación se lleven a cabo considerando a la Defensa Nacional como una “Política de Estado”, es decir, basada en consensos interpartidarios, sin importar las ideologías de los gobiernos de turno y priorizando los fundamentos lógicos y técnicos.
Además de ser planificada en forma sistémica e integral, la Política de Defensa Nacional debe ser coordinada y articulada sinérgicamente con las demás áreas estratégicas del Estado nacional, con foco en los lineamientos que rigen el accionar nacional e internacional de la Cancillería; de la Agencia Federal de Inteligencia; Ministerio del Interior; de Seguridad; de Producción; de Transporte; de Ciencia y Tecnología; etc.
Por otro lado, al igual que cualquier otra Política de Estado, la Defensa debe ser encarada con visión de largo plazo y su gestión debe estar a cargo de burocracias técnicas conformadas por profesionales -civiles y militares- idóneos en cada temática, por lo que sólo deberían quedar a disposición del Poder Ejecutivo la designación de quiénes ocuparán los cargos políticos de Subsecretario a Ministro, en tanto que las Direcciones simples, generales y nacionales deben ser ocupadas siempre por especialistas con sólida formación académica y experiencia laboral.
Es preciso tener presente que el Instrumento Militar es sólo una parte -aunque tal vez la más visible y evidente para el común de la sociedad- del Sistema de Defensa de una Nación. No obstante, la real capacidad de Defensa de un Estado se asienta sobre diversos factores, entre los cuales podemos citar la fortaleza de su Economía (PBI, reservas, etc.); su desarrollo industrial (desde materias primas a productos de alto valor agregado); su nivel científico-tecnológico, con foco en áreas sensibles como la Nuclear, Aeroespacial, etc.; su influencia sobre otras naciones en base a acuerdos bilaterales y multilaterales; el grado de integración armónica de su población en cuanto a la convivencia de distintas razas, credos y pueblos originarios; entre otros.
También es importante que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación doten a las Fuerzas Armadas (FFAA) de los recursos humanos y materiales indispensables para que el Instrumento Militar pueda cumplir con eficacia la misión que le asigna la Constitución Nacional.
En ese sentido, la escases de medios y la creciente obsolescencia[1] de los sistemas de armas en dotación de las FFAA sumado a su cada vez menor nivel de adiestramiento[2] ha llevado a nuestro país a un virtual estado de indefensión, generando un enorme desequilibrio en el ámbito regional, convirtiendo a la Argentina en uno de los países que asigna menor porcentaje de su PBI a la Defensa Nacional, muy por debajo de los mínimos estándares internacionales, incluso tomando como referencia a países vecinos como Brasil y Chile.
Las Leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior vigentes datan de la década del ochenta, fueron debatidas y sancionadas en un mundo totalmente diferente al actual. Por aquella época regía la bipolaridad entre EE.UU. y la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no existía el mundo interconectado gracias al boom de la Internet, el comercio electrónico y las redes sociales, los actores del terrorismo internacional se circunscribían a acciones bélicas aisladas y no tenían el nivel ni la capacidad que demostraron en los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono en el 2001 que provocaron la muerte de casi 3.000 personas.
Del mismo modo, otros tipos de desafíos que no estaba en la mente de los legisladores argentinos que sancionaron la Ley de Defensa Nacional en la década de 1980 son la aparición de internet, la digitalización de la economía, los procesos automatizados de producción industrial, de generación y distribución de energía (eléctrica, nuclear, etc.), el transporte (aéreo, ferroviario, etc.), las pandemias como el actual COVID-19, entre otras variables que hoy sí constituyen, sin lugar a dudas, aspectos a tener en cuenta para la planificación de la Política de Defensa de cualquier Estado.
Han pasado casi cuatro décadas desde el retorno de la Democracia y la conducción política argentina, de todo el arco ideológico, sigue sin dar el debate serio y profundo que requiere la reestructuración y modernización del Sistema de Defensa Nacional, su articulación y cooperación con las Fuerzas de Seguridad (FFSS) federales, etc.
En un mundo en constante cambio, con alto grado de incertidumbre y amenazas emergentes de países belicosos o inestables y también de actores no estatales (organizaciones terroristas, grupos económicos, pueblos originarios, etc.), la capacidad de Defensa de un Estado no será suficiente para enfrentar en forma efectiva la multiplicidad de riesgos, por lo cual además de contar con un sólido y potente instrumento militar, los países deben contar con alianzas estratégicas bilaterales con grandes potencias y acuerdos multilaterales (TIAR, MERCOSUR, Gran Aliado extra OTAN, etc.).
En esta línea de pensamiento, la Argentina debe potenciar su nivel de cooperación a nivel regional en el ámbito sudamericano (con foco en Brasil y Perú) y a nivel global con Estados Unidos, China, Rusia, Francia (los cuatro con poder de veto), India, Corea del Sur, Israel, Italia, Alemania, etc.
A grandes rasgos sería necesario que la Política de Defensa de la República Argentina tenga una mayor y mejor planificación y gestión en lo que hace a sus recursos humanos y materiales, la actualización del plexo normativo y de la doctrina militar conjunta, potenciar la articulación interagencial a nivel nacional y la cooperación internacional, una mayor independencia tecnológico-industrial a partir del desarrollo de proveedores locales, el foco en unidades pequeñas en cuanto a cantidad de efectivos pero de alta cualificación técnica y táctica, con elevado poder de fuego, capacidad de operación en todo tiempo, alta movilidad táctica y estratégica.
Lograr la transformación y consolidación del Sistema de Defensa Nacional implicaría asignar aproximadamente un 1,5% del PBI anual, el cual se debería distribuir en las siguientes proporciones[3]: un 60% destinado a Personal (pago de salarios, viáticos, retiros, asistencia médica, etc.); un 25% a gastos operativos (formación y adiestramiento militar específico, conjunto y combinado) y de funcionamiento (administración, seguridad, servicios básicos, seguros, etc.); y el 15% restante a inversiones en bienes de capital, para la adquisición (por compra o desarrollo y fabricación nacional), mantenimiento y modernización de los medios e infraestructura.
EL PLEXO NORMATIVO DE LA DEFENSA
La República Argentina presenta un marco normativo incompleto[4], desactualizado y sesgado en cuanto a Defensa Nacional, además de contar con Fuerzas Armadas. Es preciso actualizar y completar los aspectos regulatorios de la Defensa Nacional mediante un conjunto de leyes, decretos, resoluciones, directivas y apreciaciones políticas y militares que provean claridad sobre escenarios, amenazas, intereses vitales, estructura, organización, despliegue y medios para la Defensa.
Es imprescindible actualizar el alcance y previsiones del plexo normativo de la Defensa, eliminando visiones ideológicas respecto a qué tipo de amenazas afronta hoy (Inglaterra en Malvinas, reclamo anglo-chileno sobre sector antártico, etc.) y enfrentará en el futuro nuestro país, los escenarios (nacional o internacional), los actores (estatales y no estatales), las dimensiones (terrestre, aérea, marítima, cibernética, espacial, etc.), los intereses vitales y los objetivos estratégicos, etc.
Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo y el Congreso deben avanzar en el debate, sanción y reglamentación de un nuevo plexo normativo que actualice y complemente al vigente, a saber:
- Actualizar la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional: ampliar y perfeccionar sus alcances acorde a las actuales y futuras amenazas (estatales y no estatales) y escenarios (en jurisdicción argentina y en el extranjero), la custodia del espacio aéreo, reglas de empeñamiento que habiliten el derribo de aeronaves tripuladas y no tripuladas, la dimensión espacial y la ciberdefensa; la asignación del 1,5% del PBI para Defensa; el funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional (CODENA) con la participación del Presidente de la Nación, sus Ministros, el Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), los Jefes de las FFAA y FFSS, Agencia Federal de Inteligencia (AFI), etc., con reuniones semestrales; el Ciclo de Planeamiento Militar por Capacidades; etc.
- Actualizar la Ley N° 24.492 de Seguridad Interior: permitiendo una mayor integración de las FFAA con las Fuerzas de Seguridad federales en materia de control de fronteras; ríos, litoral y zona económica exclusiva; la custodia de objetivos vitales (centrales nucleares, represas, etc.); el terrorismo; la dinámica de pueblos originarios; la respuesta ante emergencias; etc.
- Actualizar la Ley N° 19.101 del Personal Militar: establecería los estándares mínimos de selección, reclutamiento, formación y ascenso del personal de las FFAA; estipulando las condiciones psicofísicas, médicas, académicas y técnico-militares para cada jerarquía, escalafón y rol operativo; para ocupar puestos de alta conducción a nivel específico, conjunto y combinado; la mejora y blanqueo total de los salarios; una cobertura médica integral de calidad; el acceso a viviendas fiscales o compensaciones para un alquiler digno donde preste funciones; posibilidad de contratar profesionales civiles (pilotos, médicos, ingenieros, etc.); otorgar pensiones por incapacidad parcial/total y fallecimiento en acto del servicio que sean dignas; contrainteligencia y controles toxicológicos; homenaje y asistencia a Veteranos de Malvinas y caídos en servicio; etc.
- Actualizar la Ley N° 24.492 del Servicio Militar Voluntario: reformular las condiciones de selección, permanencia y capacitación; ampliar el horizonte de desarrollo profesional y de continuidad en la carrera militar con opción de ser Oficial o Suboficial para aquellos Voluntarios con aptitud; establecer la condición de Reserva Militar al efectivizar la baja del personal; etc.
- Actualizar la Ley N°26.394 de Reforma del Código de Justicia Militar y Régimen Disciplinario de las FFAA: es preciso establecer un sistema disciplinario y de justicia militar que permita ejercer la debida conducción del personal militar, evitando distorsiones y excesos, pero priorizando la verticalidad, el respeto por la autoridad, el cumplimiento del deber, la ética y moral del personal.
- Sancionar una Ley de Reservas Militares: crea un sistema federal de selección, formación, adiestramiento y equipamiento de reservistas, con foco en la incorporación voluntaria para cubrir roles de combate, apoyo, oficios, profesionales en ciberdefensa, robótica, inteligencia artificial, programadores, telecomunicaciones, ingenieros, médicos, pilotos, etc. El personal que integre las Reservas percibirá una remuneración y beneficios (impositivos, licencia con goce de sueldo en su empleo, descuento en Universidades, créditos blandos, etc.). Las Reservas deberían tener una etapa inicial de formación de dos a tres meses y, en adelante, cumplir uno a dos meses al año (subdivididos en etapas quincenales) de adiestramiento para mantener la habilitación según sus respectivas categorías de instrucción, adiestramiento y alistamiento para el combate, a saber: Nivel 1, máxima aptitud psicofísica; Nivel 2, intermedio; y Nivel 3 última en ser llamada (personal de mayor edad y/o con menor preparación para cubrir roles de combate en primera línea).
- Sancionar una Ley de Movilización Nacional para la Defensa: permitiría orientar los esfuerzos del Estado para desarrollar el potencial industrial, financiero, científico-tecnológico, etc., y mantener actualizado el inventario de la logística de bienes e insumos esenciales para las FFAA (armas, municiones, etc.) y la población en general (alimentos, agua, etc.), el transporte multimodal (trenes, aviones, buques, etc.) y su infraestructura (puertos, canales, aeropuertos, rutas y vías, prever su uso militar como sucedió con los Aeródromos patagónicos en la guerra de Malvinas).
- Sancionar una Ley de Producción para la Defensa y Seguridad: serviría para consolidar los requerimientos de abastecimiento de insumos y bienes para las FFAA, las Fuerzas de Seguridad federales (FFSS) y las Policías Provinciales. A través de un plan conjunto y mediante programas y proyectos de Investigación, Desarrollo y Producción nacional y/o a través de acuerdos de transferencia tecnológica y cofabricación bajo licencia, priorizando la participación de las empresas públicas (Fabricaciones Militares, FAdeA, TANDANOR, INVAP, etc.) y privadas argentinas, Universidades y otros organismos nacionales (CONAE, CNEA, INTI, INTA, etc.). Se crearían una serie de incentivos para asegurar la participación del Estado nacional en las “Empresas Estratégicas para la Defensa” y para aquellas que dentro de su producción elaboren o procesen materias primas, insumos, equipos o sistemas de armas que sean considerados “Material Estratégico para la Defensa”. Se favorecerá las exportaciones con financiación nacional e internacional; acuerdos de cooperación Estado-Estado en desarrollo y producción; etc.
- Sancionar una Ley del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF): constituiría una fuente presupuestaria destinada al financiamiento y planificación, plurianual (con un horizonte de al menos cinco años), de las inversiones para la obtención de medios mediante su adquisición, desarrollo, producción y modernización de sistemas de armas y equipos para las FFAA, priorizando la participación de la industria de defensa -pública y privada- de la Argentina.
- Sancionar una Ley de Reglas de Empeñamiento de las FFAA en tiempos de Paz: establecería las condiciones, variables y proporcionalidad que debe observar el personal militar para empeñarse (abrir fuego) contra aeronaves sin plan de vuelo; buques que operen ilegalmente en aguas jurisdiccionales argentinas; personas y vehículos que ingresen por modo terrestre; las tareas de detección, prevención y respuesta ante ciberataques; etc.
- Sancionar una Ley de Inteligencia Militar: para aggionar el ciclo de obtención, procesamiento y diseminación de información a través de una completa reforma, modernización y potenciación del Sistema de Inteligencia Militar (SIM), tanto en lo que hace a Inteligencia Estratégica Militar como a Inteligencia Táctica. Se debe perfeccionar la selección y formación del personal militar y civil del SIM, mejorar el trabajo específico y conjunto con foco en la Inteligencia sobre FFAA de países afines a los intereses estratégicos y vitales de la Argentina; potenciar el rol de las Agregadurías Militares incrementando sus funciones y despliegue geográfico; la relación con empresarios (con foco en aquellos relacionados a compañías de Defensa), periodistas y formadores de opinión (deportistas, actores, pensadores, etc.) nacionales y de otros países; el análisis de imágenes satelitales, emisiones electromagnéticas, inteligencia de redes sociales, etc.
- Sancionar una Ley de Autorización para Comisiones, Asistencia en Emergencias, Ejercicios y Operativos Internacionales: habilitaría al Poder Ejecutivo a disponer el ingreso/egreso de personal y medios de las FFAA nacionales y extranjeras para cumplir misiones de paz aprobadas por la ONU, actividades de formación académica, intercambios profesionales, movimientos de personal militar destinado a cumplir misiones en representaciones diplomáticas, la participación en ejercitaciones combinadas y tareas de apoyo humanitario/respuesta a emergencias antrópicas y/o naturales (incendios, inundaciones, accidentes radiológicos, etc.).
MINISTERIO DE DEFENSA (MINDEF)
Debe ser una repartición con un plantel técnico idóneo en cada una de las áreas que precisa la formulación y gestión cotidiana de la Política de Defensa Nacional, reservando todos los cargos de nivel Dirección Nacional, General y Simple para los profesionales formados en la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF), dejando a criterio del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la designación de los titulares de las instancias orgánicas de nivel Subsecretaría, Secretaría y Ministro, aunque siempre sería conveniente que el PEN elija los responsables de cada área idealmente entre el personal de planta del Ministerio de Defensa.
A nivel orgánico el MINDEF se organizará, esencialmente, en las siguientes áreas, a saber:
- Secretaría de Defensa y Estado Mayor Conjunto de las FFAA (a cargo del Jefe del EMCO)
- Subsecretaría del Ejército Argentino (su titular será el Jefe del Ejército)
- Subsecretaría de la Armada Argentina (a cargo del Jefe de la Armada)
- Subsecretaría de la Fuerza Aérea Argentina (su titular será el Jefe de la Fuerza Aérea)
- Subsecretaría de Inteligencia Estratégica Militar (cargo rotativo cada dos años por FFAA, de ella dependerán las Direcciones Generales de Inteligencia de cada Fuerza Armada)
- Secretaría de Estrategia, Personal y Asuntos Militares
- Subsecretaría de Articulación Nacional (interministerial y entre las Provincias y la Nación)
- Subsecretaría de Cooperación Internacional (Fuerzas de Paz, ejercicios, compras, etc.)
- Subsecretaría de Respuesta ante Emergencias (incendios, inundaciones, etc.)
- Subsecretaría de Planeamiento y Personal Militar (estrategia, planes, ascensos, etc.)
- Instituto de Ayuda Financiera, Retiros y Pensiones (IAF)
- Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (OSFAS)
- Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF)
- Secretaría de Logística, Investigación y Producción
- Subsecretaría de Logística
- Subsecretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
- Agencia de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)
- Servicio Geográfico Nacional (SGN)
- Servicio Hidrográfico Nacional (SHN)
- Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
- Subsecretaría de Mantenimiento y Producción
- Fábrica de Aeronaves Sociedad Anónima (FASA), integrará la ex Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y la ex planta de bombas Sistemas Tecnológicos Aeronáuticos (SITEA) -también con asiento en Córdoba Capital- que debe ser reestatizada.
- Fábricas de Armamento Militar Sociedad del Estado (FAMSE)
- Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), integrado por el Astillero TANDANOR, el Astillero de Submarinos Almirante Storni y el Astillero Río Santiago (ARS).
- Instituto de Vivienda e Infraestructura de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IVIFAS)
- Agencia Logística de la Defensa (ALD)
- Secretaría de Coordinación Administrativa
- Subsecretaría de Administración y Personal Civil
- Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
- Subsecretaría de Presupuesto
- Unidad de Auditoría Interna
Resulta preciso destacar la conveniencia de darle dependencia orgánica y nivel de Secretaría al Estado Mayor Conjunto; de este modo, el Presidente de la Nación mantendría su actual rol de Comandante en Jefe de las FFAA, el Ministro de Defensa sería el Segundo Comandante de las FFAA y el Jefe del Estado Mayor Conjunto sería el Comandante del/de los Teatro/s de Operaciones, ejerciendo el rol de máxima instancia de asesoramiento y conducción militar de las FFAA.
El hecho de que el EMCO tenga nivel jerárquico de Secretaría y que cada una de las FFAA obtenga jerarquía de Subsecretaría, serviría para favorecer y potenciar la articulación y cooperación de estas instituciones con el resto de los organismos de la Administración Pública Nacional (APN).
El actual Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), será transformado en una Agencia, a fin de darle mayor autarquía y flexibilidad -administrativa, presupuestaria y operativa- manteniendo su acrónimo de CITEDEF.
La creación de la Agencia Logística de la Defensa (ALD) facilitaría las gestiones de compras de material y contratación de servicios para las dependencias del MINDEF, logrando una optimización de las inversiones al centralizar las adquisiciones de mayor monto y/o cantidad, obteniendo beneficios por economía de escala, disponer de un marco normativo más ágil y flexible que el actual Régimen de Contrataciones de la APN vigente (Decreto 1023/2001).
La jerarquización de la actual Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) dependiente del MINDEF al transformarla en Subsecretaría de Inteligencia Militar permitiría darle mayor nivel formal -en estructura orgánica- y operativo en interacción con otras agencias de la APN.
La hoy Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) -dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG)- debería ser jerarquizada como Subsecretaría y, junto con su homóloga del MINDEF deben trabajar coordinadamente con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), las cuales en conjunto conforman el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) de la Argentina.
RECURSOS HUMANOS Y DEFENSA NACIONAL
El personal, civil y militar, que integre el Sistema de Defensa debe reunir las mejores condiciones académicas, intelectuales y psicofísicas posibles. Además de valores morales y profunda vocación por la carrera militar, es preciso recuperar el respeto y valoración de las instituciones castrenses y de los hombres y mujeres que eligen servir a la nación luciendo orgullosamente el uniforme de las FFAA o trabajando en el MINDEF, los Servicios y plantas industriales de la jurisdicción. Para ello se debe incrementar los salarios, mejorar la asistencia sanitaria, modernizar el equipamiento de las FFAA, potenciar la actividad operacional (días de campaña, de navegación y horas de vuelo), etc.
Respecto a la actividad operacional, ésta permite mantener intacta la vocación militar y contribuye a retener a los talentosos profesionales que tanto cuesta formar, particularmente en el caso de los pilotos y mecánicos de aviación, quienes en el sector privado (o incluso en la mismísima aerolínea de bandera) tendrían salarios tres o cuatro veces mayores a los que perciben en las FFAA.
Los desfiles del 25 de mayo y 9 de julio, las jornadas de puertas abiertas, etc., son actividades que deben realizarse todos los años porque permiten acercar a la sociedad civil con el personal militar, lo cual genera un mutuo conocimiento e interacción así como a alimentar el legítimo orgullo de los miembros de las FFAA que sienten el reconocimiento del pueblo al que sirven y del cual se nutren.
La estructura de personal debe responder a una pirámide en cuya base se hallan los profesionales -civiles y militares- que ostentan las jerarquías más modernas de las tres FFAA (de Oficiales, Suboficiales y Soldados Voluntarios) y en la cima las máximas autoridades.
Las condiciones de ascenso deben basarse en estricto orden de mérito, basándose mayormente (al menos en un 90%) en parámetros de calificación objetivos (títulos y promedios académicos, nota de pruebas físicas, presentación de iniciativas o proyectos de mejora del Servicio, publicación de artículos en medios de prensa, cumplimiento de actos de arrojo, premios, etc.), entre otros.
Las FFAA deben maximizar la incorporación de personal civil y militar para cumplir funciones clave de combate, apoyo, logística, tecnologías, etc., eliminando o reduciendo al máximo posible las vacantes para roles sin relevancia para afrontar situaciones de guerra, como por ejemplo: oficinistas y administrativos, choferes de guarnición, camareros, peluqueros, técnicos de instrumentos, etc.
Se debe tener la posibilidad de contratar -en relación de dependencia o contratos temporales, con y sin dedicación exclusiva, con salarios similares a los del mercado- profesionales y especialistas de diversas disciplinas de Ingeniería, Sistemas, Telecomunicaciones, Inteligencia Artificial, Robótica, Medicina, Bio y Nanotecnologías, Pilotos de aeronaves (tripuladas y no tripuladas), Técnicos y Mecánicos, entre otras profesiones de interés para la Defensa Nacional.
Es preciso mejorar las condiciones salariales (incremento y blanqueo total de salarios, viáticos, etc.); flexibilizar el régimen de traslados a distintas zonas geográficas (priorizar los cambios voluntarios, analizar la situación familiar, etc.); fortalecer la cobertura médico-asistencial; fomentar la capacitación académica y ofrecer becas para estudios terciarios, de grado y postgrado en Universidades públicas y privadas para el personal civil, militar y sus familiares; replantear el régimen de retiros y pensiones, flexibilizando las condiciones de continuidad en servicio activo, retirado en servicio y retiro efectivo; reforzar la asistencia a los Veteranos de Malvinas y sus familiares así como también a los deudos de personal caído en acto de servicio (comisión familiares Submarino ARA “San Juan”, etc.).
FORMACIÓN DE MILITARES Y CIVILES
La selección, formación y adiestramiento de Soldados, Suboficiales y Oficiales debe hacer foco en sus condiciones psicofísicas, capacidades intelectuales e intachables valores morales, no pudiendo incorporarse ni mantener entre los Cuadros a efectivos con problemas de adicciones, juego, prostitución, antecedentes por causas penales, etc. Este tipo de personas representan una vulnerabilidad de alto riesgo para sus propias vidas y las de sus camaradas al estar en contacto con armamento y también para el Sistema de Defensa ya que pueden facilitar información confidencial al enemigo, ser susceptibles de actuar como agentes de otras potencias, etc.
Se estima conveniente que el último año de la formación de Oficiales y Suboficiales de las tres FFAA sea cursado a nivel conjunto, siendo de rotativo cada dos años en las Instituciones educativas de cada Fuerza. Anualmente se realizarán Torneos Deportivos Interfuerzas del personal que integra los establecimientos educativos; Competencias Académicas; la participación de Oficiales y Suboficiales en los establecimientos de formación de cada FFAA; Jornadas de Puertas Abiertas conjuntas, etc.
La formación de los futuros Oficiales y Suboficiales debe contemplar mayormente el cursado de materias duras (de Ingeniería, Administración y Contabilidad), Técnico-Militares (conducción de personal, navegación, tiro, etc.) e Inglés, aunque también deben recibir conocimientos sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Relaciones Internacionales, etc.
Los ascensos del personal militar deberán basarse, esencialmente (al menos un 90% de la ponderación de la calificación de desempeño) en estrictos parámetros objetivos (promedios académicos, rendimiento en pruebas físicas, cantidad y tipo de carreras terminadas, ejercicio del mando en Unidades de Combate, aptitudes especiales como paracaidista, comando, etc.) que determinen un orden de mérito imparcial. Los ascensos que requieran aprobación del Poder Legislativo no podrán invocar motivos subjetivos como portación de apellido (por ejemplo, ser familiar de un criminal), pertenencia a un credo particular u otra causa que no sea estrictamente relacionada con la aptitud militar y el cumplimiento de los deberes del causante.
Se fomentará el cursado de materias y/o carreras por parte del personal militar en las Universidades nacionales y la inscripción de civiles no pertenecientes al Sistema de Defensa en carreras online y presenciales que dictan los institutos educativos de las FFAA, para fomentar el vínculo cívico-militar.
El personal del Ministerio de Defensa y/o de las FFAA podrá realizar cursos online y presenciales de nivel terciario, grado y postgrado en carreras afines a la Defensa, Logística, Inteligencia, etc., las cuales se dictarán en las unidades académicas de la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF).
Sería conveniente establecer un sistema de selección, formación y plan de desarrollo profesional para los civiles que deseen especializarse en Defensa Nacional que sea similar al actualmente implementado por la Cancillería argentina, el cual plantea un sistema de reclutamiento por puntos, con cierta cantidad de vacantes que son asignadas por estricto mérito académico y cuyos beneficiarios perciben una beca mensual para cubrir sus gastos mientras se forman en el Instituto Superior para el Personal del Servicio Exterior de la Nación (ISEN).
Los retiros, pensiones y créditos preferenciales para el personal de las FFAA estarán a cargo del Instituto de Ayuda Financiera (IAF); en tanto que el acceso a la vivienda familiar (ya sea a través de créditos hipotecarios o de construcción de viviendas, dentro y fuera de barrios militares) y el desarrollo de infraestructura (hospitales, viviendas fiscales, etc.) serán responsabilidad del Instituto de Vivienda e Infraestructura de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IVIFAS).
Por su parte, la cobertura médico-asistencial estará a cargo de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (OSFAS), la cual administrará los hospitales de las FFAA y FFSS, el Laboratorio Conjunto del EMCO (producción de fármacos), la sanidad de campaña y los convenios con otras dependencias y empresas sanitarias, públicas y privadas, nacionales y extranjeras (para el personal de las FFAA, FFSS y sus familiares, cumpliendo funciones de servicio o de vacaciones).
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)
Se fusionarán las Direcciones Generales de Investigación y Desarrollo de las tres FFAA y sus medios y personal pasarán a depender de la Jefatura VII Investigación y Desarrollo del EMCO, instancia de la cual también habrá una dependencia funcional del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), organismo que será transformado en “Agencia de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa” (manteniendo el acrónimo de CITEDEF) a los fines de lograr una mayor flexibilidad administrativa, presupuestaria y operativa.
CITEDEF incrementará sus capacidades de I+D+i con nuevo equipamiento, instrumental, máquinas-herramientas, laboratorios, bancos de ensayos, talleres, etc., además de incrementar su plantilla de investigadores, tecnólogos y técnicos civiles y militares.
Se preverá un régimen de cooperación y asistencia técnico con Universidades nacionales, empresas públicas (ARSAT, INVAP, Astillero Río Santiago, etc.) y privadas, nacionales e internacionales; organismos gubernamentales como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), etc.
Además del presupuesto anual de la Jurisdicción Ministerio de Defensa, CITEDEF podrá acceder a otras fuentes de financiamiento, públicas y privadas, nacionales e internacionales, tanto para proyectos con fines militares como también para aquellos de uso dual (civil y militar). Es conveniente que todos, o al menos la mayoría, de los proyectos tenga presupuesto plurianual, a fin de llegar a prototipos para su evaluación, certificación y transferencia tecnológica para su producción en serie.
CITEDEF priorizará proyectos de Sistemas de Armas (artillería de campaña y antiaérea, armamento de Infantería y Caballería); Municiones (de todo calibre, carga hueca, cargas múltiples eyectables, etc.); Vectores guiados y balísticos (cohetes y misiles); Sistemas No Tripulados (aéreos, terrestres y navales); Sistemas de Navegación, Guiado y Control; Visión Nocturna (Infrarroja y Térmica); Sensores (radar, sonar, optrónica, etc.); Ciberdefensa; Informática y Telecomunicaciones; Guerra Electrónica; etc.
Además de CITEDEF, los Servicios Hidrográfico, Meteorológico y Geográfico -que dependen del MINDEF- llevarán a cabo actividades de I+D+i en sus áreas de incumbencia técnico-operativas, para las FFAA y otros organismos (Cancillería, ANAC, etc.). El actual Instituto Geográfico Nacional (IGN) adoptará la denominación de Servicio Geográfico Nacional, a fin de estandarizar terminología con el Servicio Hidrográfico Nacional (SHN) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y PRODUCCIÓN
Las capacidades técnicas e industriales que poseen las FFAA a través de sus Talleres, Arsenales y Grupos Técnicos deben ser potenciadas y aprovechadas integralmente a partir de su articulación con las empresas estatales tractoras de cada sector de la industria para la Defensa.
En el Sector Aeroespacial, se debería transformar la actual Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en “Fábrica de Aeronaves Sociedad Anónima” (FASA), la cual debe incorporar a su patrimonio a la ex planta de bombas y municiones “Sistemas Tecnológicos Aeronáuticos” (SITEA), ambas con sede en Córdoba. La futura FASA sería la responsable de producir, mantener y modernizar los aviones y helicópteros de las FFAA y FFSS federales, además de explotar comercialmente (a nivel nacional e internacional) las capacidades de mantenimiento, producción y modernización de los Talleres, Áreas de Material y Grupos Técnicos de la Aviación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. FASA debe poder diseñar, fabricar y modernizar aviones, helicópteros, drones, paracaídas, bombas, cohetes, etc.
Por su lado, el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), que actualmente incluye al Astillero TANDANOR y Almirante Storni (especializado en Submarinos), sumará al Astillero Río Santiago (hoy dependiente de la Provincia de Buenos Aires) y potenciará sus capacidades de I+D+i, producción, mantenimiento y modernización de buques, barcazas, submarinos, lanchas, etc. El CINAR deberá articular y administrar las capacidades de todos los Talleres y Arsenales Navales dependientes de la Armada Argentina, abarcando rubros como carenados y pintura, tanques y tuberías, motores, hélices y líneas de ejes, generadores, sensores (radares, sonares, etc.), municiones (torpedos, misiles, etc.), paralaje y sistemas de armas, sistemas de comando, comunicaciones y control tiro; entre otros.
Fabricaciones Militares S.E. pasará a llamarse “Fábricas de Armamento Militar Sociedad del Estado” (FAMSE), y tendrá a cargo la gestión de las plantas industriales de la actual FM, la Sastrería Militar, los Talleres, Arsenales y Bases de Apoyo Logístico del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. FAMSE deberá asegurar la provisión de armas, municiones, granadas, bombas, cohetes, torpedos, misiles de todo tipo, sistemas de artillería, radios, vehículos a rueda y oruga, etc.
Tanto FASA como el CINAR y FAMSE deben disponer capacidades tecnológicas, industriales, comerciales y financieras (a través de Banco de la Nación Argentina y del Banco de Inversión y Comercio Exterior – BICE) para asegurar el mantenimiento y producción de los sistemas de armas en dotación de las FFAA a fin de evitar o reducir al máximo la dependencia de proveedores extranjeros, además de fomentar las exportaciones y la innovación de las empresas estatales y de las compañías privadas que desarrollen y fabriquen sistemas y equipos para Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Las fábricas de producción para la Defensa dependientes del MINDEF trabajarán coordinada y sinérgicamente con otras empresas estatales (con foco en INVAP, ARSAT, etc.) y las demás agencias de la Administración Pública Nacional como el INTI, CONAE, CNEA, etc.
A través del FONDEF y de la Ley de Producción para la Defensa se articularán y complementarán las capacidades tecnológicas e industriales estatales y del sector privado que serán apalancadas a través de la implementación de Proyectos Estratégicos Tractores de las FFAA (algunos de uso dual), entre los cuales podemos destacar los siguientes: aviones IA-70, Pampa III/IV y cofabricación del caza FA-50; Helicópteros (ligeros y medianos); Cohetes y Misiles (antitanque, antibuque, antiaéreos, etc.); Vehículos Blindados a Ruedas; Camiones militarizados (reemplazo de Unimog por nuevo modelo 4×4/6×6 a producir localmente); Radares (de defensa aérea, detección de personal, etc.); Cañones de Artillería de 105mm (CALIV) y de 155mm (CALA); armas portátiles; municiones; equipos de radio; visores nocturnos por amplificación de luz, infrarrojos y visión termal; entre otros.
* José Javier Díaz: es Master Executive en Dirección Estratégica y Tecnológica de la Escuela de Organización Industrial de España; Magíster y Diplomado del ITBA en Estrategia y Biometría; Licenciado en Administración de Recursos Navales para la Defensa y egresado del Postgrado Especialización en Artillería de la Armada Argentina con el mejor promedio. Ha realizado cursos sobre Defensa, Seguridad, Terrorismo, Tecnología, etc., en instituciones de Estados Unidos (CHDS, DRMI, NPS), España (EOI), Colombia (ESG) y Argentina (ITBA, UES21, CONAE, DGA, IGN, etc.).
Ha sido asesor de los Ministros de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Tecnológico de Córdoba; de Defensa y de Seguridad de la Nación; del Presidente de la Fábrica de Aviones (FAdeA); Representante de la Casa de la Unión Europea en Argentina para Sector Defensa, Seguridad y Aeroespacio; Oficial del Cuerpo Comando de la Armada Argentina; Corresponsal y colaborador de medios de prensa, masivos y especializados; Consultor de Empresas y Organismos estatales nacionales e internacionales. Contacto: +54 9 351 215 3712 / josejavierdiaz44@gmail.com
[1] La mayor parte de los sistemas de armas de las FFAA tienen más de cuatro décadas en servicio, sin recibir ninguna modernización, por lo cual presentan una menor disponibilidad operativa, estar al límite de finalizar su ciclo vida y resultar obsoletos.
[2] El adiestramiento operacional de las FFAA argentinas se ha reducido en más de un 70% en las últimas cuatro décadas, lo cual se aprecia al comparar la cantidad de horas de vuelo anuales de la FAA, los días de navegación de la Armada y los días de campaña en el terreno del Ejército en los años 1979 y 2019.
[3] La asignación del 1,5% del PBI y su distribución aquí propuesta debe incluirse en la actualización de la Ley de Defensa Nacional.
[4] Se carece de Leyes que contemplen las Reservas, Movilización, Inversión, Investigación y Producción para la Defensa, etc.
